En 2018, la Constitución Brasilera celebra 30 años, pero para muchos, no hay nada que celebrar. No se puede negar que aún enfrenta desafíos para su ejecución y que ha sufrido duros ataques: en lo que se refiere a la política de austeridad vigente, al recorte de garantías laborales y tantos otros derechos. Pero no podemos perder de vista que la Constitución es una conquista social importante – fruto de la amplia participación social y resultado de la intensa construcción política. Una esperanza y una respuesta, forjada en el Derecho, a la violencia, al silenciamiento y a las privaciones del período dictatorial. Un verdadero desvío de la democracia.

Tenemos, sí, muchos desafíos para garantizar los derechos fundamentales para todas y todos y en la superación de las desigualdades. Pero debemos tener en cuenta que mucho de lo que tenemos hoy en día – con los avances en la universalización de la educación, la existencia de un sistema de salud pública, los programas de asistencia social – se debe a que está asegurado en la Constitución.

Un artículo, en particular, merece atención y parece sintetizar el proyecto de país gestado:

El artículo 227, el cual asegura prioridad absoluta a los derechos de los niños y adolescentes y afirma que ese deber es responsabilidad compartida entre el poder público, familias y sociedad en su conjunto.

Así, sea en la formulación de leyes, en la construcción de políticas públicas, en la elaboración de presupuestos, en la prestación de servicios o en cualquier situación en la que niños y adolescentes estén involucrados, el mejor interés debe ser atendido en primer lugar.

Es importante señalar que la construcción de dicha norma fue resultado de enmiendas populares presentadas en el ámbito del debate constituyente y contó con amplia participación de la sociedad. Por eso es fundamental tener en mente: niños y adolescentes en primer lugar fue una elección de proyecto-país.

Pero, entonces, ¿por qué este tema no está en la agenda de los debates políticos en el país? A pesar de la importancia de la garantía de prioridad absoluta, la gran mayoría de la población no conoce el significado de la expresión (17%) o no tiene plena comprensión de su contenido (83%), según los datos de Datafolha. Sin embargo, cabe destacar: cuando se presenta el contenido de la garantía de prioridad absoluta, la inmensa mayoría (94%) de los encuestados se posiciona a favor del cumplimiento de la norma, ante la percepción de que eso no está siendo respetado, ni por el gobierno y ni por la sociedad.

Entonces, tenemos que poner a los niños y adolescentes y la norma constitucional de prioridad absoluta en el centro de los debates. Estamos en año electoral y es necesario exigir a las candidatas y candidatos el compromiso de situar a la niñez y adolescencia en primer lugar.

Puede parecer ingenuo recordar que el artículo 227 de la Constitución garantiza prioridad absoluta a la infancia y a la adolescencia. Al final… ¿Leyes para qué? ¿Derechos para quién? ¿La Constitución es capaz de evitar la muerte de niñas y niños sin saber su nombre, su rostro o sus sueños?

El contexto de pérdidas y retrocesos puede, sí, desalentar por algunos instantes, pero el hecho es que debemos seguir resistiendo e insistir: niños y adolescentes deben estar en primer lugar en la preocupación de todas y todos. Y si las leyes solamente no son suficientes, necesitamos más. No podemos cerrar los ojos ante la brutal muerte de niños y adolescentes. Tenemos que detener la ola de fracasos que azota el país. Debemos exigirle al Estado para que presupuestos, políticas y servicios públicos aseguren los derechos a la niñez y adolescencia brasilera.

Es fundamental para garantizar la efectividad en las muchas normas que ya existen. La Constitución no es, y no debe tratarse como letra muerta. Ella importa y debe guiar el debate electoral en la medida que representa nuestras garantías básicas como ciudadanas y ciudadanos brasileros. Por eso, se necesita la movilización de todas y todos para que nuestros derechos tan duramente ganados sean, verdaderamente, respetados y para que niños y adolescentes sean nuestra prioridad absoluta. 

*Abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo (USP). Estudiante de posgrado en Políticas Públicas para la Igualdad en América Latina por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). Actúa como abogada del programa Prioridad Absoluta del Instituto Alana y es Consejera del Consejo Nacional de Derechos del Niño y Adolescente (Conanda).