La historia de la chef de repostería Desirèe Mendes, 40 años, comienza en el año 2000, cuando, siendo adicta al crack, fue arrestada por intento de robo de un ómnibus en la zona norte de São Paulo. En el Centro de Detención Preventiva (CDP) del barrio de Pinheiros, dio a luz cumpliendo la pena. El parto, realizado en el Hospital Regional de Osasco, en la grande São Paulo, se llevó a cabo con sus pies y manos esposadas.

Dos días después del nacimiento, Desirèe volvió con su hijo recién nacido al CDP. La convivencia duró tres meses. Después de eso, el bebé fue obligado a dejar la prisión, habiéndose confiado la custodia a la abuela materna. “Fue el día más triste de mi vida”, cuenta. Como una forma de autodefensa, Desirèe pasó a vivir como si estuviera sola en el mundo, sin pensar que, del lado de afuera de la prisión, un hijo la esperaba. “Hasta hoy no pude restablecer mi relación con él”, afirma.

Habiendo cumplido los cinco años de pena, salió de prisión sin perspectiva. No pasó mucho tiempo para que volviese a la vida del crack. En 2012, viviendo en Cracolândia, región del centro de São Paulo conocida por el gran número de usuarios de este tipo de droga, fue arrestada otra vez. El mismo año, tuvo su segundo hijo, Enzo, mientras cumplía pena.  El parto se hizo en el Hospital Santa Casa de São Paulo, esta vez sin esposas, pero acompañada por policías militares y personal penitenciario. Nada de parientes emocionados o llantos de alegría. “Fue una situación tan triste como la primera”, describe. Como la primera vez, tres días después del parto, Desirèe volvió tras las rejas.

Pero aquí, la historia recibió un final diferente. Dos meses después del nacimiento del bebé, ella pudo dejar la cárcel gracias a un habeas corpus que permite que, mientras no haya una decisión definitiva de la Justicia, la pena es cumplida en régimen domiciliario. “Salir con mi hijo le dio un nuevo significado a la vida”, afirma. “Pude ser madre de verdad por primera vez”.

Desirèe tomó la oportunidad que tuvo. Se libró de la adicción, empezó a tomar cursos de repostería y consiguió un trabajo en una confitería, oficio que ejerce hasta el día de hoy. Este año, ella deberá terminar la secundaria y empezar la facultad de gastronomía. Como un ajuste de cuentas con el pasado, ofrece cursos de arteterapia en la misma cracolândia en que vivió sus peores pesadillas. Una vida ajetreada que tiene como principal inspiración el pequeño Enzo, ahora con 5 años. “Él es mi razón de ser”, dice. “Es por él que me levanto todos los días”.

Cuenta Desirèe que se emocionó cuando se enteró de la decisión tomada en febrero por el Supremo Tribunal Federal que permite que otras madres y gestantes no condenadas en carácter definitivo aguarden juicio en arresto domiciliario. “Hay un montón de Desirèes a la espera de una oportunidad para cambiar de vida”, afirma. La decisión, un habeas corpus en clave colectiva – no prevista en la Constitución, pero aceptada por primera vez por la Corte Suprema, permitirá que unas 15.000 mujeres dejen la cárcel, según datos del Departamento Penitenciario Nacional (Depen).

PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN
Estrictamente hablando, casos como el de Desirèe podrían haberse evitado hace al menos dos años sin necesidad del habeas corpus otorgado recientemente por el Supremo. Después de todo, desde 2016, el Código de Proceso Penal incorpora, en su artículo 318, la posibilidad de que jueces sustituyan la prisión preventiva por la domiciliaria en el caso de que el acusado sea, gestante, mujer con hijo de hasta 12 años y hasta hombre, si fuera el único responsable por el cuidado del hijo. El cambio fue incorporado por el llamado Marco Legal de la Primera Infancia, que modificó otros dispositivos legales. Además, el artículo 227 de la Constitución prevé que el niño es prioridad absoluta y que Estado, sociedad y familia deben compartir la responsabilidad por el cuidado de los niños.

“El habeas corpus tiene un poder muy grande para hacer cumplir la legislación que ya existe”, afirma la profesora de Derecho de Mackenzie Bruna Angotti, autora del estudio Dar à luz à sombra (Dar a luz a la sombra, en traducción libre), en colaboración con Ana Gabriela Mendes Braga y publicado por IPEA. Señala que la propia Constitución prevé, en el artículo 5°, que ninguna pena pasará de la persona condenada, lo que, en la práctica, se produce cada vez que recién nacidos terminan quedando en la prisión con sus madres.

Un efecto nefasto de la vida en la cárcel con los hijos es lo que Bruna llama hipermaternidad versus hipomaternidad: al principio, cuando están con sus hijos, las madres son absorbidas por el cuidado de los bebés, quedando imposibilitadas de ejercer cualquier actividad dentro de la prisión, como trabajos registrados como remisión (reducción) de las penas y actividades escolares ofrecidas por el sistema penitenciario. En un segundo momento, cuando madre e hijo son separados, hay una ruptura abrupta. “Es un cambio que ocurre sin acompañamiento psicológico y representa un factor de vulnerabilidad enorme”, afirma la profesora.

“Las signos de la maternidad, como la producción de leche materna, permanecen en el cuerpo incluso cuando el hijo está lejos. Todo esto hace que la mujer continúe viviendo la maternidad”.

El hecho de pasar los primeros meses de vida en una prisión priva al niño de los derechos fundamentales (y garantizados por ley), como jugar y el derecho a la vida familiar. Esto puede tener impactos en la vida adulta. Un libro sobre el tema, O Primeiro Ano de Vida (El primer año de vida, en traducción libre), del psicoanalista René Spitz registra que, cuando los niños se crían bajo la ausencia de las madres y sin el establecimiento de vínculos afectivos, existen riesgos de trastornos como retraso en el desarrollo corporal, el lenguaje y menor resistencia a las enfermedades.

Sobre los impactos de la privación de las actividades lúdicas, los efectos tienen que ver con el retraso en la lectura y en la identificación de números y colores, según un estudio realizado por el centro de acogida de menores Nova Semente, que actúa en un centro penitenciario en Salvador (BA). El período de 1 a 4 años de edad es crucial para el desarrollo del lenguaje y las vías sensoriales (visión y audición), como  muestra el documento Primeira infância é prioridade absoluta, del Instituto Alana, desarrollado como parte del proyecto Prioridad Absoluta, que prevé acciones institucionales y de movilización.

APOYO POST PENITENCIARIO

Aunque la Ley de Ejecuciones Penales (LEP) prevé la existencia de maternidades y guarderías en las cárceles de mujeres, la adopción de este tipo de instalación es todavía mínima. Una investigación de Depen realizada en 41 unidades carcelarias de diez estados mostró que solo el 7,3% tiene guarderías y el 31% tiene maternidad.

Pero los expertos escuchados para este informe señalan que, aunque la ley LEP fuese cumplida en su totalidad, no hay ninguna justificación para mantener a un niño en la cárcel. “La prisión ya es una experiencia traumática para cualquier adulto. Imagínate para un niño”, afirma la coordinadora nacional de la Pastoral Carcelaria, Hermana Petra Pfaller. “Conozco niños de más de un año que nunca han visto el cielo en la noche”.

Es probable que, de ahora en adelante, con la fuerza de la decisión del Supremo, la legislación vigente sea cumplida y madres y mujeres embarazadas en prisión preventiva puedan estar bajo arresto domiciliario. Pero estas mujeres beneficiadas por el recurso habeas corpus necesitan apoyo fuera de la prisión.

“En una situación de desempleo y teniendo que dedicarse enteramente a los niños pequeños, una tarea que en sí misma requiere una gran disposición, estas madres estarán en una situación de gran vulnerabilidad”, señala la profesora de psicología de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP) Isabel da Silva Kahn Marin, autora del trabajo Convertirse en madre en una prisión: la creación de un espacio potencial.

La abogada del Colectivo de Abogados de Derechos Humanos (CADHu), que dio entrada a la solicitud de habeas corpus junto al supremo, Eloísa Machado, añade que, con la decisión, las madres y mujeres gestantes detenidas en carácter preventivo, muchas sin condiciones de contratar buenos abogados, no tendrán que presionar a los tribunales individualmente para asegurar su derecho.

“Estamos hablando del país que queremos ser en 20, 30 años y cuyos adultos serán los niños que pueden estar hoy encarcelados junto a sus madres”, afirma la abogada.